21 de agosto de 2010

Normas de auditoria para el "debido" proceso civil

La Auditoria General de la Nación, aprobó por Resolución nº 145/93-AGN del 7 de octubre de 1993, las normas de auditoria externa. Allí define los términos "Economía", "Eficiencia" y "Eficacia", para evitar "equívocos" frente a la frecuencia con que son utilizados en la auditoría de gestión.
  • Economía: Se refiere a la adquisición de la cantidad y calidad apropiada de recursos financieros, humanos, materiales, informáticos, tecnológicos, etc. Con oportunidad y al más bajo costo y al grado en que los servicios y bienes producidos satisfacen las  necesidades para las cuales fueron dirigidos.
  • Eficacia: Se refiere al logro de los objetivos y otros efectos previstos en planes,  programas, proyectos, operaciones y actividades.
  • Eficiencia: Se refiere al uso productivo de los recursos tendiendo  a maximizar el producto por recurso utilizado o minimizar los recursos empleados por cantidad y calidad de producto obtenido.
Es dable señalar que este concepto está a menudo vinculado con la productividad puesto que el trabajo podría ser orientado hacia el aumento de la producción en relación con los factores de la misma.

Lo interesante, si cabe, es su aplicación al proceso civil. 

En general se dice que el proceso civil debe ser tal que traduzca cinco elementos: acción, defensa, prueba, sentencia y recurso, de manera concurrente a un mismo fin, que es hacer justicia en el caso concreto. 

Esa concurrencia está condicionada por, precisamente, un criterio de economía, eficiencia y eficacia. 
  • Economía: gastar menos (racional, desde el punto de vista instrumental y humano)
  • Eficiente: gastar bien (la relación anterior debe ser adecuada)
  • Eficaz: gastar sabiamente (la relación anterior debe producir el resultado que justifica su existencia)
¿Cómo se relacionan estas condiciones con el proceso civil? 

Por ejemplo, del libro de Toribio Sosa [1] se deduce que una sentencia “inoportuna” no es efectiva, pues no satisface a tiempo y en forma los intereses en conflicto (es la clásica sentencia “que se dictó tarde y mal”); luego, el proceso en la que se dictó no ha sido eficiente (por dispendio de tiempo y de recursos de los justiciables y de la justicia). 

A partir de esto puede asumirse, con criterio consecuencialista, que si dos “procesos” producen el mismo resultado “sentencia”, pero uno lo hace de manera “más” rápida y “con menos” costos (eficiente + eficaz = oportuno), no es razonable exigir que la sociedad desarrolle, sí o sí, los trámites del proceso lento y costoso…

En ese razonamiento deben incluirse tanto los instrumentos como las personas que los encarnan...

Entonces, aplicados los conceptos al proceso civil [2] tendremos:
  • Eficiente es aquella situación en que no es posible aumentar la tutela judicial con los medios de que se dispone, o que no es posible reducir los costos (en sentido no estrictamente monetario) de la justicia sin afectar el nivel de tutela. 
  • Efectiva es la relación entre objetivos propuestos (con el proceso) y objetivos alcanzados (con la sentencia).  
Si se relacionan estos términos en el contexto de lo que se viene exponiendo, se podrá comprender por qué el proceso ineficiente e ineficaz es inconstitucional, lisa y llanamente porque produce sentencias inoportunas.

El "debido proceso" que reclama la Constitución Nacional, entonces, no es cualquier proceso sino uno eficiente y eficaz ((ver)).

--------------------------
[1] Sosa, Toribio E., "Reingeniería procesal", La Plata, 2005. 
[2] Garavano, Germán, "La justicia argentina: crisis y soluciones", Documento de la Universidad Carlos III, Departamento de Derecho y Economía, 1997.

No hay comentarios:

Publicar un comentario