28 de noviembre de 2012

Jurisprudencia: Grupo Clarín ordenado

La Corte Suprema de la Nación el día 27 de noviembre de 2012 dictó resolución en la causa caratulada "Grupo Clarín s/ denuncia privación de justicia en autos 'Grupo Clarín y otro s/ medidas cautelares'” (e.G.1074.XLVIII), con fines ordenativos ((ver))((ver))
El fallo es breve, pero contundente. En él se consideró:
  • Que la Corte ha dicho que en el sub lite se debe dictar una sentencia de fondo y no cautelar, así como que la falta de un pronunciamiento final como el indicado dentro de un plazo razonable implica una clara denegación de justicia (sentencia del 22 de mayo de 2012, voto de la mayoría -considerandos 6º, párrafo 2º, y 8º, párrafo 3º-)((ver)), derecho que asiste a todos los ciudadanos por igual.
Y, sobre la base del estado en que se encuentra el trámite de las actuaciones principales, el Tribunal decidió:

16 de noviembre de 2012

Pensamiento sistémico: diseño y realidad

Estoy leyendo –por momentos– el libro de Enrique Herrscher, titulado "Pensamiento sistémico", y, entre muchas otras ideas, encontré esta que permite una extrapolación a otra realidad (cualquiera sea ésta).

En el capítulo dedicado a "El diseño de los sistemas" (ps. 109/144) expresa el A., sintéticamente, lo siguiente:
  • antes no hacía falta diseñar (la organización), cada uno sabía lo que había que hacer... hoy el diseño adquirió importancia por cuestión del tamaño... 
  • pese a que la complejidad de los sistemas no es función del tamaño sino de la cantidad de variables, es indudable que al crecer la organización, aumenta la cantidad de variables y, sobre todo, la distancia en sentido organizacional entre los que dan órdenes y los que las cumplen...
  • lo más significativo es el debilitamiento de lo llamado "paradigma de comando y control", o sea:
    • la tajante separación entre decisión y ejecución
    • la suposición de que cuanto más arriba estamos, más sabemos
    • y la creencia de que se puede controlar todo
  • hoy, en un mundo de incertidumbre, de contextos y estrategias inestables, de negocios que continuamente deben reinventarse, y de comunicación instantánea global, muchas veces:
    • el de "abajo" sabe más que el de "arriba"
    • la ejecución modifica la decisión
    • la posibilidad de controlar todo se ha vuelto una utopía...


13 de noviembre de 2012

Jurisprudencia: mobbing - asesoramiento ART

La Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo dictó sentencia el día 25 de septiembre de 2012 en la causa “P. G. M. c/ TAM Linhas Aereas SA y otro s/ despido” (Expte. nº23.338/2009 - Citar: elDial.com - AA7A5C), y resolvió que las empresas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) debe asesorar a las empresas afiliadas con el fin de que modifiquen aquellos aspectos que favorecen las situaciones de mobbing en el ámbito laboral. 
A este fin, resolvió que:
"La ART, al tomar conocimiento de la situación de mobbing, debió asesorar y sugerir a la empresa coaccionada que modificara todos aquellos aspectos que pudieran contribuir a mejorar:
  • las condiciones de trabajo,
  • el clima laboral y
  • disminuir los factores de riesgo psico-social,
para lo cual en la actualidad existen modernos métodos de diagnóstico, mediación y resolución de conflictos, que la ART debió poner a disposición de su empresa afiliada,
  • realizando también la capacitación del personal,
  •  el directivo por sobre todo,
    acerca de todo lo concerniente al tratamiento de las relaciones interpersonales en el ámbito del trabajo".

    9 de noviembre de 2012

    Jurisprudencia: reclamo administrativo ritualista

    La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata el 05/10/2012 dictó sentencia en la causa "A.E.A. y otra c/ AFI" (publicada en La Ley Online cita AR/JUR/55240/2012) y revocó la decisión de primera instancia, que había sido favorable al amparista en su petición de autorización para comprar las sumas necesarias de divisas extranjeras para la adquisición de un inmueble.

    La doctrina del voto por la mayoría expresó:
    El amparo promovido para que se ordene a la AFIP otorgar autorización para comprar divisas extranjeras —en el caso, destinadas a la compra de un inmueble familiar— es improcedente, pues los actores no transitaron mínimamente los carriles procesales que la normativa administrativa prevé, y no se acreditaron extremos de gravedad y manifiesta lesión a un derecho consagrado por la Constitución Nacional. 
    En la disidencia el Dr. Jorge Ferro radica lo que interesa al presente, por cuanto expresó que:
    • (No) basta que haya una vía procesal de cualquier índole, para desestimar el pedido de amparo, ya que hay que considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil, y a la vez farisaico, rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate.
    • De la compulsa de las actuaciones, colijo que lo que en definitiva ha valorado el Juzgador de Primer orden han sido los requisitos de admisibilidad del amparo, estimando en su criterio, que no se presenta -en el supuesto de autos- el extremo de falta de idoneidad de la vía administrativa, habida cuenta que la AFIP ha demostrado una firme e inequívoca intención de actuar en base a las diferentes Comunicaciones del B.C.R.A. y de sus propias Resoluciones, actitud ésta que hace presumir la ineficacia cierta del procedimiento administrativo, por lo que se transforma ese reclamo administrativo en un mero criterio excesivamente formalista, vacío de contenido jurídico, sin aptitud para tutelar el derecho correspondiente.
    • En tal sentido, estimo la aptitud de esta vía del amparo para proteger los derechos de los actores.
    Esto se vincula directamente con la última nota de este blog sobre el reclamo administrativo previo y alternativas y la prostitución de su empleo formalista (ver "a", párr. ). Este caso resuelto por la Cámara Federal de Mar del Plata pone al pié el ejemplo justo. Gracias.

    8 de noviembre de 2012

    Reclamo administrativo previo y alternativas

    La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal, en los autos “Salvarrey, Antonio M. c/ SIDE”, con fecha 29 de marzo 2005, analiza y confirma la solución prevista por el juez de grado a las dos excepciones interpuestas por la demandada: Falta de agotamiento de la instancia administrativa y defecto legal en el modo de proponer la demanda.

    Al respecto es útil considerar brevemente los presupuestos procesales del contencioso administrativo para ubicar al agotamiento de la instancia administrativa en su contexto, y con ello poder visualizar un camino alternativo que considero más adecuado.

    a) Esquema de los presupuestos procesales del contencioso administrativo:

    El agotamiento de la vía administrativa, junto con su eventual denegación expresa o tácita; el pago previo; la interposición de la demanda en plazo y la ausencia de recurso paralelo, conforman los presupuestos procesales cuyo cumplimiento habilitan la instancia judicial (1).

    7 de noviembre de 2012

    Acción declarativa y cuestión constitucional mixta

    Doctrina: Para la Corte Suprema la acción directa de inconstitucionalidad es un medio idóneo para prevenir lesiones a los derechos constitucionales y las limitaciones recursivas locales no pueden constituirse en un obstáculo que impida a los superiores tribunales locales su conocimiento y decisión.
    La Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de septiembre de 2009, dictó sentencia en la causa "Edenor S.A. s/ Apelación Falta Municipal (Recurso Extraordinario)" (S.C.E.345 L.XLII). En este caso algunas de las consideraciones que formula el Procurador General y la remisión de los jueces a la doctrina del caso "Di Mascio" de 1988 (Fallos 311:2478)((ver)) permiten, por lo menos, dos observaciones comparativas,: una sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad y otra relacionada con la cuestión constitucional mixta. Veamos.

    a) La acción declarativa de inconstitucionalidad:

    La posición actual de la Corte Suprema sobre la primera cuestión es bien distinta de su tradicional negativa (1). Acepta que el ejercicio de acciones directas de inconstitucionalidad ―ya sea bajo la forma de amparo, acción de mera certeza o el juicio sumarísimo en materia constitucional― son un medio idóneo para prevenir o impedir lesiones a los derechos constitucionales (2).

    b) La cuestión constitucional mixta:

    En cuanto a la segunda cuestión, la Corte ha expresado que toda controversia en la que se persiga en sede local “una declaración de inconstitucionalidad de acuerdo con la Constitución de la Provincia y leyes de rito aplicables, autoriza también la competencia judicial para el examen de las cuestiones con base en la necesaria preeminencia de las normas federales” y que “la declaración de derechos de la Constitución Nacional vincula estrictamente a los Estados locales” (3).

    Un planteo de este tenor ―dice la Corte― requiere una “decisión expresa por parte del superior tribunal local” (4) para activar la vía del recurso extraordinario federal (5).
    ¿Cabría analizar si el hecho de que un tribunal local decida no resolver el planteo federal, deducido en un caso concreto, no implica una clara denegación de justicia, acompañada del posible incumplimiento de los deberes de funcionario público?

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    (1) Conf. BIANCHI, Alberto B., “Control de constitucionalidad”, Buenos Aires, 1992, p. 193.
    (2) Corte Suprema en las causa “Raviglia” de 1994 (Fallos 317:1224) y “AGUERA” de 1997 (La Ley, 1997-C, 332).
    (3) En las causas “Coriolano” de 1977 (Fallos 298:679), “Strada” de 1986 (Fallos 308:490), “Lamonega” de 1988 (Fallos 311:200), entre otras.
    (4) Es la afirmación de la doctrina de los casos “Di Mascio” de 1988 (Fallos 311:2478) y “Strada” de 1986 (Fallos 308:490); reiterada en la causa “Edenor S.A.” del 9 de septiembre de 2008.
    (5) Descalzi, José P., “Esquema del recurso extraordinario federal”, DJ, 2005-1-770; en particular punto II, c), Nº2.