Marco teórico:
La legitimidad del sistema político se funda en el Estado Contractual (Rawls-Sen) ((ver)) como institución ((ver)), un modelo sostenido por reglas claras ((ver)) donde el Estado actúa como garante de los derechos de propiedad ((ver)) y de la autonomía del individuo para fomentar su crecimiento y desarrollo.
Sin embargo, cuando el Estado (las personas que lo encarnan) utiliza su poder, por ejemplo, para desconocer títulos legítimos y alterar retroactivamente las reglas del dominio ((ver)), o como cuando --más genérico-- se coloca al servicio de los intereses de un grupo u organización determinada que somete (expolia) al conjunto de los individuos, trasmuta en un Estado predador ((ver))((ver)).
Ante este escenario el ciudadano responde racionalmente ((ver)) mediante la informalidad y la desinversión ((ver)), pues percibe al sistema legal no ya como una protección ((ver)((ver))((ver)), sino como una amenaza a sus factores productivos ((ver))((ver)); esto es, una amenaza a su supervivencia como individuo ((ver)).
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