Temeridad y malicia: visión contextual

Si bien en el ámbito del proceso se suele equiparar el concepto de "temeridad" al de "malicia" (art. 45, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y los homónimos provinciales), se trata, sin embargo, de conductas autónomas y distintas, aunque se exterioricen en forma conjunta o concatenada [1] y sean objeto de la misma sanción "multa". 

Así, en general, se dice que se actúa en forma temeraria o maliciosa cuando se obstruye dolosamente el trámite del proceso o se hace una utilización arbitraria del mismo; esto es, cuando se actúan con la consciencia de la propia sinrazón. Tal sería, por ejemplo, la actuación de quien afirma hechos sin ofrecer prueba alguna tendiente a demostrarlos, o se conduce sin fundamentos o motivos serios [2], o alonga de modo injustificado o innecesariamente el tiempo judicial [3]. 

La norma del art. 45 del C.P.C.C. que se comenta sanciona, pues, la inconducta procesal manifestada a lo largo del proceso, y por ello sólo cabe la declaración de temeridad o malicia en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (arts. 34, inc. 6º, 45 y 166, inc. 8º, C.P.C.C.) [4]. 

Esto, sin embargo, no obsta la sanción de conductas específicas contrarias al deber de lealtad, probidad y buena fe desplegadas durante el proceso, por ejemplo, frente a una recusación maliciosa, la pérdida del expediente, la afirmación del desconocimiento del domicilio a los fines de la notificación por edictos, el levantamiento de medidas cautelares abusivas o excesivas, etc. (arts. 29, 128, 130, 145, 208, C.P.C.C.). 

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[1] FENOCHIETO, "Código procesal civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires", Buenos Aires, 7ª ed., 2003, comentario. art. 45, § 4. 

[2] SC Buenos Aires, 08/06/1984, "Cárdenas, Julián Carlos c/ Santiago, Aníbal s/ Cobro de salarios", AyS. 1984-I, 177 – DT 1984-B, 1433. 

[3] Cám. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata nº2, Sala 1, 11/02/1992, "Lamas, Armando Joaquín c/ Aguirre, Elba s/ Cobro de alquileres", en JUBA, sum. B250807. 

[4] PALACIO, "Manual de derecho procesal civil", Buenos Aires, 14ª ed., 1998, ps. 230-231.

Daños y el contencioso administrativo

DOCTRINA: Toda vez que se persiga –aún con apoyo en disposiciones contenidas en el Código Civil– la reparación de los daños derivados del accionar irregular de un organismo público local, la pretensión queda comprendida en la competencia contencioso administrativa por tratarse de una presunta "falta de servicio" en el cumplimiento de funciones públicas, supuesto propio de la responsabilidad del Estado.  

¿Qué implica esto? Que, por lógica, se debe establecer primero la causa de algo para, luego, atender las consecuencias. Va de suyo, a los "daños" causados por ese "accionar irregular" de un organismo público se aplica, primero, derecho público local para saber por qué es irregular y recién luego, eventualmente, derecho privado para determinar consecuencias. Seguir un orden contrario es incongruente.

Es que nada obsta –como dice la Corte– que, para atender las consecuencias de la actuación pública irregular (insisto: los "daños") se apliquen subsidiariamente disposiciones del derecho común, toda vez que ellas pasan a integrase en el plexo de principios de derecho administrativo en el que, "prima facie", corresponde encuadrar a estos casos (in re "Lew" de 1999, Fallos 320:1999 ((ver)); "Jara" de 2007 (en La Ley 2007-C, 619, con nuestra nota) y su remisión a "Gunther" de 1986, Fallos 308:1118 ((ver)) y "Santa Coloma" de 1986, Fallos 308:1160 ((ver)).

Es lógicamente inaceptable atender a las consecuencias de los actos, aisladamente, sin considerar las causas, con el único fin de soslayar la competencia contencioso administrativa.

Veamos más criterios:

La Corte Suprema Nacional en el caso "Luis Reynaldo Jara", resuelto en el año 2007, siguiendo el dictamen del Procurador General, dijo que:

1. para resolver el reclamo de daños imputados a la actuación del Estado, deben aplicarse, de manera sustancial, principios propios del derecho público;
2. no obsta a ello la circunstancia de que, ante la ausencia de normas propias del derecho público que regulen la materia (daños), se apliquen subsidiariamente disposiciones de derecho común [1].

Esta solución está en línea, también, con lo que expresó la Corte en la causa "Barreto" de 2006 (Fallos 329:759)((ver)). 

Ahí sostuvo –como cuestión determinante– la distinción de "causa civil" para establecer su competencia. Indicó que corresponde atribuir ese carácter a los casos en que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones de derecho común (art. 75, inc. 12, CN). "Pero quedan excluidos de tal concepto –agrega– los supuestos en que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que éstas procedieron  dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 121 y sgtes. de la Constitución Nacional" (Consid. 8º; énfasis agregado).

Esta jurisprudencia está abonada por antiguos precedentes; por ejemplo, causas “De Simone” de 1938 (Fallos 180:87), “Ibarra” de 1940 (Fallos 187:436), “Sol­Bingo S.A.” de 1988 (Fallos 311:1597) ((ver)), entre otros.

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[1] En el mismo sentido, por remisión expresa, ver también: CS, septiembre 25-1997: “Lew, Benjamín J. y otro c/ Estado Nacional”, Fallos 320:1999 ((ver)).

Puerto Madryn: Segunda Jornada

El día 06 de julio pasado, en la sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia, se realizó la última reunión de la "Jornada de Actualidad en Derecho Civil" organizada por el Centro de Estudiantes la Facultad de Derecho.

López Mesa y Descalzi en Puerto Madryn

El Dr. Enrique Fiordelisi (Juez de la Cámara de Apelaciones Civil de Puerto Madryn) expuso sobre "Las principales pautas de interpretación contractual en el Código Civil"; continuó el Dr. Julián Jalil (Secretario de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn) con "La responsabilidad de los establecimientos educativos"; el Dr. José Pablo Descalzi (Secretario de la Cámara de Apelaciones de Trelew) expuso sobre la "La responsabilidad de la prensa" y cerró el evento el Dr. Marcelo López  Mesa (Juez de la Cámara de Apelaciones de Trelew) con su exposición sobre "El principio de la buena fe y sus derivaciones en el derecho moderno".

La Jornada, que fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut,  formó parte de la cátedra de Derecho Civil II (Obligaciones) y estuvo dirigida no sólo los alumnos de la Facultad sino, también, a los profesionales y a la ciudadanía en general.

Sobre la Primer Jornada ((ver)).

Trabajador: sujeto de tutela preferente

En la visión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el trabajador es un sujeto de "preferente tutela", porque:

• El hombre es el eje del sistema jurídico y su persona es inviolable [1]. 
• El trabajo humano debe valorarse según los principios de cooperación, solidaridad y justicia, lo cual excede la simple apreciación económica de la persona o de sus actividades [2]. 
• En toda relación laboral (servicios) existe una obligación de seguridad (preservación) [3]. 
• El principio "alterum non laedere" tiene raíz constitucional (art. 19) y prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero [4]. 
• La indemnización de daños deben ser justa e integral [5]. 

Con esta base se puede enjuiciar toda relación de alteridad en el contexto laboral. Vale un desarrollo de fundamentos para explicar por qué: 

A) El trabajo humano: 

El hombre tiene un interés natural en satisfacer sus necesidades; lo que logra –en principio– por medio de bienes. Trabaja para conseguirlos y los acumula, dando lugar al patrimonio, para atender las necesidades futuras previstas. 

B) Fundamento constitucional de la tutela: 

Persona, trabajo y previsión constituyen el fundamento de las garantías constitucionales; que protegen no sólo de los demás ciudadanos sino también del Estado y del propio sistema –garantías en tres dimensiones ((ver))–. Tal su importancia y relación, robustecida hoy por los instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho con jerarquía constitucional en el art. 75, inc. 22 de la Constitución. 

C) Idea de "daño": 

El daño representa, concretamente, una disminución del "beneficio" de la víctima, porque frustra ese interés del hombre de satisfacer sus necesidades, lo que como tal es digno de tutela para la sociedad. En rigor, el hecho dañoso, que perjudica un bien patrimonial o extrapatrimonial del hombre, tiene como consecuencia la frustración de la satisfacción de las necesidades a las que ese bien estaba destinado. 

D) Reparación integral: 

La cuestión es: ¿es reparable todo el daño? Jurídicamente no. Sin embargo, la "reparación" debe ser tal que reponga a la víctima en igual o similar nivel de beneficio que tenía antes del hecho. Es decir, debe ser tal que permita satisfacer la necesidad frustrada y restaurar el interés afectado.

Sobre esta base puede y debe analizarse la Ley de Riesgos del Trabajo (ley 24.557)((ver)): ¿las prestaciones en especie o dinerarias que prevé la norma son adecuadas y suficientes a los fines resarcitorios?

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[1] CS, 24/10/2000: "Campodónico de Beviacqua, Ana C. c/ Ministerio de Salud y Acción Social", Fallos 323:3229 (consid. 15). 

[2] CS, 1964, “El Comercio de Córdoba, Compañía de Seguros c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Córdoba S.A.”, Fallos 258:315 (consid. 10). 

[3] CS, 30/03/1982, “Mansilla, Manuel A. c/ Cía. Azucarera Juan M. Terán – Ingenio Santa Bárbara”, Fallos 304:415 (consid. 7°). 

[4] CS, 05/08/1986, “Gunther, Fernando c/ Nación Argentina”, Fallos 308:1118 (consid. 14); también: CS, 05/08/1986: “Santa Coloma, Luis I. c/ FFAA”, Fallos 308:1109 (consid.7°). 

[5] CS, 26/06/1967: "Provincia de Santa Fe c/ Nicchi, Carlos A.", Fallos 268:112 (consid. 4° y 5°).

Nueva reforma concursal

Las crónicas informan que ha sido nuevamente reformada la ley 24.522 de Concursos y Quiebras (de "frutas y manzanas", diría mi profesor de la U.). Entre las principales modificaciones se prevé la posibilidad de que los trabajadores continúen la producción de la empresa, aún cuando la "cooperativa" de trabajo esté en formación. En este orden los trabajadores tendrán prioridad para ofertar y para la adjudicación directa de los bienes a partir de sus créditos laborales. 

La reforma es progresiva y transversal: abarca tanto al concurso "preventivo" como a la "quiebra", a los que tiñe con color uniforme y preciso... Veamos brevemente una reseña.

Se modifican los requisitos de apertura del Concurso como los subsiguientes relacionados con la denuncia de las deudas laborales (inc. 8º, art. 11), la auditoria e informe de la situación de estos créditos por parte del síndico y la integración de un comité de vigilancia con trabajadores (incs. 10, 11 y 13, art. 14; art. 34; art. 42); reforman los mecanismos del pronto pago (art. 16), el régimen de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes y los servicios públicos (art. 20) a los fines de la continuación de la empresa, determinando las mayorías y la conformación de las "cooperativas" de trabajo para explotar la empresa en crisis (art. 45; art. 48 bis). 

También se modifica las previsiones sobre el curso de los intereses en la quiebra (art. 129), se prevén nuevamente las "cooperativas" de trabajo (art. 187), la continuación inmediata de la explotación de la empresa en crisis (art. 189), el consiguiente informe del síndico sobre la posibilidad -precisamente- de esta continuación (art. 190), la autorización judicial (art. 191) y el deber del Estado de brindar asesoramiento técnico-empresarial a estas cooperativas (art. 191 bis), se enumeran los actos "posibles" para esta continuación de la cooperativas (art. 192), también se prevé la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y prendarias hasta por 2 años, por decisión fundada y en tanto sea pedido por estas cooperativas (arts. 195 y 196), para la compra de la empresa se establece de qué será continuador el adquirente, y en caso de ser adquirida por estas "cooperativas" cuál será el régimen aplicable (arts. 197, 199, 203bis, 205 y 213); se regula también el comité de control con trabajadores en la quiebra (art. 260). 

En fin... si se pudiera hacer una lectura "lateral" de la reforma podría pensarse que, para toda empresa con "dificultades" (AFIP, exportaciones-importaciones, Sindicatos, patria financiera, inflación, etc.), se estaría dando una mayor injerencia a los "trabajadores", cooperativa mediante, y con ello también al Estado (que tiene el "deber" del asesoramiento técnico-empresarial)... Así, alguien podría pensar que, indirectamente, el gobierno (vía trabajadores, vía sindicato) podría asumir la "dirección" de las empresas acosadas por.... etc., etc. Pero esto parece demasiado "enroscado", ¿verdad? Hay, no obstante, un contexto que permitiría hacer una interpretación integral ((ver)).

Ah!, la ley quedó registrada con el número "26.684" y fue promulgada el día 29 de junio de 2011 ((ver)).

Jornada de actualidad

La crónica informa que, en el marco de actividades que viene desarrollando el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia, se realizó la Jornada de Derecho Civil en la sede Trelew con la exposición de distintos temas de derecho privado. El Dr. Marcelo López Mesa  (integrante de la Sala A de la Cámara de Apelaciones Civil de Trelew) disertó sobre las técnicas de interpretación de la ley; el Dr. Mario Vivas (Presidente de la Cámara de Apelaciones Civil de Puerto Madryn) expuso sobre las nulidades de los actos y contratos; el Dr. Julian Jalil (Secretario de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn) disertó sobre la caducidad y prescripción de los derechos; y el Dr. José Pablo Descalzi (Secretario de la Sala A de la Cámara de Apelaciones Civil de Trelew) expuso sobre la responsabilidad de la prensa. Resta una jornada más que se desarrollará en la sede Puerto Madryn.

Descargar programa completo ((ver)).
Descargar esquema sobre la responsabilidad de la prensa ((ver)).

Recurso contra la sentencia monitoria

El proceso de estructura monitoria que regula el Código Procesal Civil de La Pampa (ley 1828 de 1998) [1], presenta las notas típicas de estos procesos en el derecho comparado.

Hago referencia a este Código por ser el primero en poner en práctica el proyecto modelo de reforma al Código Procesal Civil y Comercial desarrollado por los profesores Morello, Arazi, Kaminker y Eisner de 1993.

Sintéticamente, la introducción del proceso monitorio en la geografía vernácula responde a la misma razón que atendió su origen histórico: superar el lento y ritualista proceso ordinario ((ver)), para proporcionar a los actores sociales una rápida y económica tutela de créditos exigibles no impugnables ((ver)). 

Se trata de un proceso de conocimiento plenario abreviado, de tipo documental. El procedimiento se estructura sobre la inversión de la carga del contradictorio, que se traslada a la parte en cuyo interés adquiere eficacia. Y la sentencia es, en este orden, definitiva, aún cuando, por la técnica monitoria –que descansa en la eventualidad de la oposición–, queda sujeta a una condición suspensiva negativa.

Una de las derivaciones que se examinó sumariamente en un trabajo sobre la sentencia monitoria, es el recurso contra la misma [2]. Se aceptó como evidencia que la sentencia monitoria, en tanto sentencia, podía inferir agravio económico o jurídico [3] y que, en consecuencia, por regla es o debería ser recurrible. 

Para cotejar la evidencia se pueden señalar aquellos casos en los que el Código local que se examina prevé, expresamente, qué puede recurrirse y qué no. Así, por ejemplo, dentro de los procesos de conocimiento, contra una medida autosatisfactiva procede, entre otras alternativas a elección del demandado, la apelación directa o en subsidio de la revocatoria (art. 305, inc. 2°, ap. c). En el proceso ordinario son apelables la resolución sobre las excepciones previas (art. 335) y la sentencia definitiva (art. 236, inc. 1°), mientras que son inapelables las resoluciones sobre admisibilidad y pertinencia de la prueba (art. 347) y sobre su producción, denegación y sustanciación (art. 362). En el proceso sumarísimo se indica expresamente que sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias sobre medidas cautelares (art. 462, inc. 6°). 

Ahora, si se examinan las normas que regulan el proceso de estructura monitoria (arts. 463 a 470), se puede observar que no surge restricción o prohibición alguna en este sentido. Entonces, la cuestión ya pasa a ser otra: ¿cómo articular el recurso de apelación contra la sentencia monitoria? 

Según lo dispuesto por el 2° párr. del art. 470, podría decirse que la falta de oposición contra la sentencia monitoria obsta su impugnación recursiva sobre el fondo; en consecuencia, en función de la condicionalidad de la sentencia, la apelación contra la misma debería presentarse conjuntamente con la oposición, "ad eventum" de su rechazo [4]. 

Las reglas serían las siguientes: 

• procede el recurso de "apelación"[5] (art. 236, inc. 1°), en relación, porque no se trata de un proceso ordinario (art. 237), y con efecto suspensivo (art. 238, inc. 1°); 
• los agravios se deberán expresar en un memorial, dentro del plazo y con los límites indicados por el Código (arts. 245 y 246). 

Esta situación en el derecho comparado es más clara en algunos casos; en otros no tanto. Un breve recorrido por la legislación internacional (Uruguay, Brasil, Venezuela, España, Francia, Alemania, Italia) o por los proyectos y códigos provinciales (Nación, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Entre Ríos), avalan, sin embargo, los argumentos expuestos. 

Consideran recurrible expresamente la sentencia monitoria, las regulaciones del Código General del Proceso de Uruguay (art. 360 en relación con la remisión extensiva del art. 363); el Código de Procedimiento Civil de Italia (art. 656); el Código Procesal Civil (ZPO) alemán (§§700, "reconsideración"); el Código Procesal Civil de Francia (art. 1421, recurrible bajo ciertas condiciones). 

En la misma situación del Código pampeano tenemos al CPC de Brasil, que no establece expresamente la apelación contra el "mandado de pagamanto ou de entrega da coisa" (ver art. 1102.A y sigtes.), al Código de Procedimiento Civil de Venezuela (art. 651) y a la Ley de Enjuiciamiento Civil de España (art. 818.1), que sólo se refieren a la oposición. 

Ya en el contexto de nuestro país, el proyecto de reformas al Código Procesal Civil de la Nación de 1993, antecedente directo de La Pampa, tampoco prevé expresamente el recurso contra la sentencia monitoria. Pero sí lo prevén, en cambio, tanto el proyecto de reformas al Código Procesal Civil de Buenos Aires de 1998 (art. 471), como el Código Procesal Civil de Río Negro (art. 492), el Código de Chubut (art. 482) y el Código de Entre Ríos (art. 482). 

En suma, admitir o no recursos contra la sentencia monitoria no es una cuestión menor. Sobre todo si se tienen presente los gravámenes irreparables o de imposible reparación ulterior que puedan derivarse del acto judicial erróneo o incongruente, en sentido sustancial y procesal, v.g. por diferencia entre lo pretendido y lo condenado, por el tiempo consumido y los riesgos consecuentes. 

Incluso debe considerarse a salvo, en todo caso, la posibilidad del recurso de casación provincial y del extraordinario federal, hasta la denuncia por sentencia arbitraria. 

La evidencia del derecho comparado, internacional y provincial, permite afirmar la razonabilidad de la propuesta; más allá de todo dogmatismo o formalismo paralizante. 

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[1] Todas los artículos corresponden a este Código; cuando así no sea se indicará la fuente. 

[2] DESCALZI, José P., "La sentencia monitoria en el régimen procesal pampeano", La Ley Patagonia, 2005, p. 973. 

[3] HITTERS, Juan C., "Técnica de los recursos ordinarios", La Plata, 2000, p. 43. 

[4] Por aplicación del principio de acumulación eventual; conf. MILLAR, Robert W., "Los principios formativos del proceso civil", Buenos Aires, 1945, p. 96. 

[5] CS, 21/09/2004: "Banco de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos 327:3841 (Consid. 2°).

Trabajo publicado en:  Doctrina Judicial, T. 2008-II, p. 2313.

Boga sin anclas

En esta urgencia

impostergable

por capturar lo efímero

los sabores se mezclan

me confunden los brillos

hay mixtura de aromas

de contactos,

sonidos,

preanunciándome un viaje

que sospecho

infinito.

Tenuemente vislumbro

dilatados caminos

y aunque quiera quedarme

sé que ya habré partido

hacia donde no hay Tiempo,

donde todo

ya ha sido

para volver a serlo

en un plano distinto.

Y al fin caigo

en la cuenta

de que atrapar lo efímero

es ideal,

prescindente,

insondable,

anodino,

pues bogamos sin anclas

sobre instantes

continuos,

mientras sigue fluyendo

en el Cosmos

el río…

Boga sin anclas

por Carlos D. Ferrari ((ver))

de su libro: "Silencios desatados".

·:·

• Presentación:

El viernes 24 de junio próximo, a las 18:30 horas, en el Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn, Av. Roca 444, Olga Starzak presentará el volumen de poemas de Carlos Dante Ferrari titulado "Silencios desatados", con ilustraciones de la artista plástica Verónica García, quien expondrá en la sala una de las pinturas incluidas en la obra. Quedan todos cordialmente invitados.

Estado y derecho: para el hombre bueno y para el malo

"Porque las voluntades et los entendimientos de los hombres son departidos en muchas maneras, por ende los fechos y las obras de ellos non acuerdan en uno, et de esto nascen grandes contiendas et muchos otros males por las tierras; por lo que conviene a los reyes que han de tener e guardar sus pueblos en paz et justicia; que fagan leyes et posturas et fueros porque el desacuerdo que han los hombres naturalmente entre sí se acuerde por fuerza del derecho, así que los buenos vivan bien et en paz et los malos sean escarmentados..."

Proemio a las Siete Partidas, de Alfonso el Sabio ((ver))

Seguir el razonamiento con las siguientes notas de este blog:

1- Individuo en sociedad ((ver)).

2- Evolución de la sociedad en sustancia y el rol del proceso ((ver)).
3- El rol de la justicia en la sociedad ((ver)).
4- Costo-beneficio del derecho ((ver)).
5- Teoría y práctica del orden socioeconómico ((ver)).

Cotejando nuestra realidad con la idea que se cita al inicio se puede entender -creo- por qué a Alfonso X (1252-1284) le decían "el sabio"...

Borges: 25 años no son nada

Las crónicas reseñan efemérides ((ver)) y cuentan que un día como hoy, hace 25 años, culminaba la irrepetible mortalidad de Jorge Luis Borges.

Distintos medios reflejaron la "noticia", así, por ejemplo, el portal "argentina.ar" ((ver)) y también La Nación ((ver)), Clarín ((ver)), Perfíl ((ver)). Todas tienen un punto en común, como en "El Aleph", concentran en la sola expresión "Borges" toda su obra. Son más que seis letras que definen un estilo contemporáneo inigualable. 

En lo personal me gustó el análisis que realizó Guillermo Martínez en "La fórmula de la inmortalidad" (Buenos Aires, 2005). Allí, en el breviario dedicado a "Los juicios de los tiempos" de pág. 13 y sig., expresa el autor: 

"También Borges acepta al tiempo como supremo antólogo: «Podemos conocer a los antiguos, podemos conocer a los clásicos, podemos conocer a los escritores del siglo XIX y a los del principio de nuestro, que ya declina. Harto más arduo es conocer a los contemporáneos. Son demasiados y el tiempo no ha revelado aún su antología»".

Y Martínez da su explicación al respecto:

Los juicios del tiempo son los juicios de la posteridad, no son, después de todo, sino los juicios de otros hombres del tiempo por venir. Tener fe en los juicios del tiempo –agrega Martínez– requiere implícitamente de una segunda fe, mucho más dudosa: la de suponer que los hombres del futuro serán de alguna forma mejores, o más ecuánimes, o más sabios...

...que tendrán balanzas de mayor precisión y podrán revisarlo todo, sopesarlo todo, comprenderlo todo. Que entenderán más y no cometerán arbitrariedades ni olvidos ni errores...

Pero del mismo modo –cierra Martínez– podría ocurrir que entendieran menos. Los tiempos por venir, presiente y declara su personaje, pueden ser todavía mucho más sordos y ciegos...

Las palabras de Borges sobre los libros clásicos ("Obras completas", Buenos Aires, T. II, p. 182) cierran el círculo de esta breve reflexión. Expresa que "clásico... no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con misteriosa lealtad".

Como sea, y parafraseando a Borges en "Eternidades" ("Obras" cit., T. II, p. 538), si "sólo perduran en el tiempo las cosas que no fueron del tiempo...", ¿quién puede dar la talla de un hombre que transmutó su vigencia presente con el pasado y con el futuro? Borges es clásico porque no era de su tiempo sino de todos. Esto se ratifica con la emoción, tal la advertencia, que fluye de los lectores anónimos.

Curiosidades también sobre Borges.

Hay un libro escrito desde el derecho, por Eduardo García de Enterría, catedrático español de Derecho Administrativo, dedicado a Borges, titulado "La poesía de Borges y otros ensayos" (Madrid, 1992). También hay críticas. Por ejemplo, la de Mario Bunge en su libro "100 ideas" (Buenos Aires, 2010) que, en pág. 33, expresa que "Borges me asombra, interesa y admira, pero no me emociona..."; dice que su obra "no conmueve". Habría muchas más referencias para hacer. No puedo abarcarlas a todas. Excede mi capacidad. Sólo sé que leo al Borges que alimenta mi pequeña biblioteca y cada vez me emociona...

Semblanza de "Borges" según Borges ("Obras", cit., T. III, p. 134).

Mis libros (que no saben que yo existo)
son parte de mi como este rostro
de sienes grises y de grises ojos
que vanamente busco en los cristales
y que recorro con la mano cóncava.
No sin alguna lógica amargura
pienso que las palabras esenciales
que me expresan están en esas hojas
que no saben quién soy, no en las que he escrito.
Mejor así. Las voces de los muertos me dirán para siempre.

Borges: 25 años no son nada...!!

Caja de Seguridad: responsabilidad y valor

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 31 de mayo de 2011, dictó sentencia en los autos “Slatapolsky, Jorge Alberto c/ Banco do Brasil S.A. s/ ordinario”. 

El caso en hechos: 

a) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en lo pertinente, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicables las normas de emergencia que dispusieron la pesificación de deudas en moneda extranjera (ley 25.561 y decreto 214/02) y condenó al banco demandado a reintegrar al actor, en la misma moneda de origen, la suma de U$S 150.000 depositados y sustraídos de la caja de seguridad abierta en la entidad bancaria; 

b) la demandada interpuso el recurso extraordinario que fue concedido. 

Los fundamentos de la Cámara: 

a) es responsable la entidad bancaria por incumplimiento de su deber de custodia y vigilancia; 

b) hay relación de causalidad entre esa conducta omisiva y el hecho ilícito; 

c) es inválida la cláusula de irresponsabilidad inserta en el contrato (art. 37 incs. a y b, ley 24.240); 

d) se probó la existencia de las sumas de dinero en la caja de seguridad al momento de producirse el hecho; 

e) es inaplicable al caso las normas de emergencia (ley 25.561 y decreto 214/02), por cuanto el contrato de caja de seguridad habido entre las partes no constituye una actividad típica del mercado financiero; 

f) correspondió aplicar –por vía analógica– las directivas contenidas en las normas que regulan las obligaciones del depósito regular (arts. 2205, 2208, 2210, 2219 y concordantes del Código Civil). 

El fallo de la Corte Suprema:

La Corte al resolver el planteo extraordinario, expresó: 

a) el art. 11 de la ley 25.561 y los arts. 1° y 8° del decreto 214/02 aluden a supuestos completamente distintos del de autos (se refieren a obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en monedas extranjeras); 

b) la indemnización fue otorgada por responsabilidad contractual, derivada del incumplimiento del banco demandado de su deber de custodia y vigilancia de las sumas existentes en la caja de seguridad de titularidad del actor; 

c) el resarcimiento constituye una de las denominadas deudas de valor, en las que el dinero representa solamente la medida del objeto de la prestación, el cual consiste en una determinada utilidad que el deudor debe procurar al acreedor; por lo tanto, concluye la Corte: no resulta aplicable la normativa de pesificación; 

Justificación: 

• una solución contraria (pesificar) no satisfaría la reparación integral que exigen las normas de derecho común que rigen el caso y la garantía de propiedad reconocida por el art. 17 de la Constitución Nacional. 
• la conversión del resarcimiento en pesos traería aparejado un detrimento en el patrimonio del acreedor que carecería de justificación fáctica, porque no existe equilibrio obligacional a recomponer y, asimismo, de sustento normativo, porque no cabe atribuir a la recordada normativa (ley 25.561 y dec. 214/02) un alcance que no surge de su ratio legis. 

Síntesis conclusiva: 

1- La responsabilidad del banco por incumplimiento de un contrato de caja de seguridad se funda en el deber de custodia y vigilancia de las cosas introducidas por el cliente-usuario. 

2- El resarcimiento de daños es una deuda de valor, representa una "utilidad" para el acreedor. 

3- Pesificar una deuda de valor implica perjudicar al acreedor o afectar su patrimonio.

Add extra:

Caractericé al contrato de "caja de seguridad" en otro post ((ver)) indicando que: 

La caja de seguridad como relación contractual presenta, a mi modo de ver, una particularidad que debe resaltarse, porque no es suficientemente sopesada: el banco ofrece “su propio” servicio de seguridad para proteger, en un ámbito de “su incumbencia”, bienes indeterminados del usuario o cliente, quien paga por emplear este servicio un precio en dinero. 

La justificación para interpretar el contrato de caja de seguridad, como se propone, es la que sigue:

"...es racional que una entidad bancaria, que acepta celebrar con el (cliente) un vínculo para la custodia de bienes (...), conociendo de antemano los riesgos que asume, deba soportarlos. No se trata de una relación de buen samaritano sino de un contrato con vínculo que (al banco) le acarrea beneficios contra la asunción de riesgos" (doc. CS, 11/09/2007, "Saber, Ciro Adrián c/Río Negro, Provincia de y otros s/daños y perjuicios", Fallos 330:4071). 

Esta afirmación explica también la decisión de la Corte en el caso "Slatapolsky" que se comenta, donde se expresó que el "deber de custodia y vigilancia" define el contrato de caja de seguridad bancaria.

Cenizas del volcán Puyehue en Trelew

 Desde el día domingo 5 de junio de 2011 por los hechos que son de público conocimiento la Ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, se ha visto afectada por la nube de cenizas del volcán Puyehue de Chile. Las que siguen son algunas imágenes en primer plano de sus huellas en la vegetación (más imágenes...((ver))