Evolución de la sociedad en sustancia y el rol del proceso

La evolución de la sociedad puede ser explicada desde el punto de vista institucional ((ver)) y por una relación de costo-beneficio racional. Así tendremos:

• La vida simple, en el seno de las aldeas, se desarrolló a partir de una producción agrícola, artesanal y autosuficiente. La posterior evolución hacia complejos mercados regionales, caracterizados por una producción fabril con intercambios masificados, implicó una alteración de las condiciones del comercio y de las relaciones entre los individuos. 
• Esa evolución fomentó la especialización y la división del trabajo para reducir los costos de producción. Pero, paralelamente, incrementó los costos de transacción, como consecuencia de una "clientelización" menos frecuente entre personas extrañas y ubicadas en regiones muchas veces distantes ((ver)). 
• Estos hechos incentivaron la búsqueda de instituciones que facilitaran las negociaciones y redujeran los costos, tanto de medir los atributos de los bienes y servicios que se negociaban, como de exigir el cumplimiento obligado de los contratos concretados. 
• Surge así una legislación (principalmente comercial) uniforme, procedimientos judiciales estructurados sobre principios comunes y tribunales especializados ((ver)) y sujetos a autoridades centrales, primero de orden privado y luego de carácter estatal.

Dos son, entonces, y por lo menos, las circunstancias determinantes de la evolución institucional: 1) una “economía de escala” que, asociada a un volumen creciente de comercio, procura aumentar los beneficios y disminuir los costos de producción ((ver)); 2) el desarrollo de “mecanismos” institucionales de información, control y coacción, que permiten negociar y exigir el cumplimiento de los contratos, o de las obligaciones en general, a más bajo costo.

La reseña anterior permite poner en evidencia la simbiosis que existe entre la sustancia y la forma, que vincula, desde el punto de vista institucional, los fines individuales y sociales con los medios ideados para conseguirlos. 

Esta es la transición del pensamiento (integral)((ver)) que no debe perderse de vista al analizar el “proceso judicial”, pues representa, en el orden sucintamente expuesto, el “mecanismo” institucional ((ver)) de control y coacción que permite producir determinados efectos (económicos, sociales y axiológicos)((ver)) a favor de quien se dice/reconoce titular de un “derecho” ((ver))((ver)).

Poder de síntesis según Bunge

El poder de síntesis o visión global, o aprehensión sinóptica, es la capacidad de sintetizar elementos dispares, de combinar ítem previamente dispersos en un todo unificado y armonioso, esto es, un sistema conceptual.

El poder de síntesis --que no debe confundirse con la incapacidad de análisis, dice Bunge-- es característico de las personas inteligentes e instruidas, cualquiera sea su oficio; lo vemos tanto en el pintor como en el estadista o el filósofo.

El artista compone imaginativamente percepciones e ideas, produciendo un todo organizado; el estadista, el científico y el filósofo organizan ideas en torno a un núcleo central, y a veces lo hacen con simplicidad en algún respecto y con cierta unidad de estilo, en cuyo caso decimos que proceden con elegancia.

Decimos del especialista que es capaz de "ver" rápidamente el meollo del asunto, y del profano o principiante que se pierde en los detalles.

LA APREHENSIÓN SINÓPTICA NO ES UN SUSTITUTO DEL ANÁLISIS, SINO UN PREMIO AL ANÁLISIS ESMERADO.

Con todo, sólo poseemos lo que hacemos nosotros mismos...

La enseñanza es un buen medio no solamente para dominar un tema, sino también para vigorizar el poder de síntesis. Un buen maestro proporciona una imagen global del tema y muestra el peso relativo de sus partes. 

Empero, agrega Bunge, debe admitirse que no son muchos los que adquieren a la vez una gran destreza analítica y un gran poder de síntesis. Lo más frecuente es que o bien pulamos hábilmente una modesta idea, o bien andemos a tientas en medio de una grandiosa visión inmadura. Sólo los genios tienen grandes visiones y las desarrollan...

Ampliar en: BUNGE, Mario, "Intuición y razón", Buenos Aires, 2005.

Normas de auditoria para el "debido" proceso civil

La Auditoria General de la Nación, aprobó por Resolución nº 145/93-AGN del 7 de octubre de 1993, las normas de auditoria externa. Allí define los términos "Economía", "Eficiencia" y "Eficacia", para evitar "equívocos" frente a la frecuencia con que son utilizados en la auditoría de gestión.

• Economía: Se refiere a la adquisición de la cantidad y calidad apropiada de recursos financieros, humanos, materiales, informáticos, tecnológicos, etc. Con oportunidad y al más bajo costo y al grado en que los servicios y bienes producidos satisfacen las  necesidades para las cuales fueron dirigidos.
• Eficacia: Se refiere al logro de los objetivos y otros efectos previstos en planes,  programas, proyectos, operaciones y actividades.
• Eficiencia: Se refiere al uso productivo de los recursos tendiendo  a maximizar el producto por recurso utilizado o minimizar los recursos empleados por cantidad y calidad de producto obtenido.

Es dable señalar que este concepto está a menudo vinculado con la productividad puesto que el trabajo podría ser orientado hacia el aumento de la producción en relación con los factores de la misma.

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Lo interesante, si cabe, es su aplicación al proceso civil. 

En general se dice que el proceso civil debe ser tal que traduzca cinco elementos: acción, defensa, prueba, sentencia y recurso, de manera concurrente a un mismo fin, que es hacer justicia en el caso concreto. 

Esa concurrencia está condicionada por, precisamente, un criterio de economía, eficiencia y eficacia. 

• Economía: gastar menos (racional, desde el punto de vista instrumental y humano)
• Eficiente: gastar bien (la relación anterior debe ser adecuada)
• Eficaz: gastar sabiamente (la relación anterior debe producir el resultado que justifica su existencia)

¿Cómo se relacionan estas condiciones con el proceso civil? 

Por ejemplo, del libro de Toribio Sosa [1] se deduce que una sentencia “inoportuna” no es efectiva, pues no satisface a tiempo y en forma los intereses en conflicto (es la clásica sentencia “que se dictó tarde y mal”); luego, el proceso en la que se dictó no ha sido eficiente (por dispendio de tiempo y de recursos de los justiciables y de la justicia). 

A partir de esto puede asumirse, con criterio consecuencialista, que si dos “procesos” producen el mismo resultado “sentencia”, pero uno lo hace de manera “más” rápida y “con menos” costos (eficiente + eficaz = oportuno), no es razonable exigir que la sociedad desarrolle, sí o sí, los trámites del proceso lento y costoso…

En ese razonamiento deben incluirse tanto los instrumentos como las personas que los encarnan...

Entonces, aplicados los conceptos al proceso civil [2] tendremos:

• Eficiente es aquella situación en que no es posible aumentar la tutela judicial con los medios de que se dispone, o que no es posible reducir los costos (en sentido no estrictamente monetario) de la justicia sin afectar el nivel de tutela. 
• Efectiva es la relación entre objetivos propuestos (con el proceso) y objetivos alcanzados (con la sentencia).  

Si se relacionan estos términos en el contexto de lo que se viene exponiendo, se podrá comprender por qué el proceso ineficiente e ineficaz es inconstitucional, lisa y llanamente porque produce sentencias inoportunas.

El "debido proceso" que reclama la Constitución Nacional, entonces, no es cualquier proceso sino uno eficiente y eficaz ((ver)).

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[1] Sosa, Toribio E., "Reingeniería procesal", La Plata, 2005. 
[2] Garavano, Germán, "La justicia argentina: crisis y soluciones", Documento de la Universidad Carlos III, Departamento de Derecho y Economía, 1997.

Obligaciones concurrentes o "in solidum"

Las obligaciones concurrentes o “in solidum”, también denominadas “conjuntas”, “conexas”, “convergentes” o “indistintas”, se caracterizan por presentar: 

• un solo acreedor (víctima)
• pluralidad de deudores y de causas o títulos respecto de cada uno de ellos (v.g., principal y dependiente, dueño y guardián, obligado y sustituto, etc.)
• un mismo objeto debido (indemnización) que obliga a cada uno de ellos en forma integra por el todo.

En esta situación la responsabilidad concurrente de los deudores no excusa total ni parcialmente las responsabilidades que, autónomamente consideradas, corresponde a cada uno de los codemandados. Ello así, sin perjuicio del ulterior ejercicio de las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución en la deuda solventada, en la medida de la participación efectiva de cada codemandado en la producción del daño. 

La importancia y fundamento de esta particular relación jurídica deriva del vínculo entre el fin perseguido y el medio proyectado. El “fin” es asegurar a la víctima la reparación del daño injusto y el “medio” es ampliar el plexo de legitimados pasivos. Desde el punto de vista económico del reclamo, esta solución se aproxima a una garantía legal impuesta a quienes se benefician con actividades o cosas que incrementan el riesgo normal y ordinario. 

Cabe hacer algunas reflexiones sobre la denominación de estas obligaciones, pues, no obstante que la cuestión terminológica a primera vista parece intrascendente, adquiere interés por los reparos de Llambías frente a la denominación de Borda y las distintas designaciones que emplean otros autores. Veamos brevemente la crítica, luego las designaciones y sus significados y el término corriente en la jurisprudencia. 

a) Borda propone denominar a esta categoría de obligaciones “indistintas” para evitar la confusión que el término “in solidum” puede ocasionar con el concepto de “solidaridad”. Llambías lo crítica porque así denota que no hay distinción cuando son exactamente obligaciones distintas, y propone denominarlas obligaciones “concurrentes” porque siendo obligaciones distintas coinciden sobre el mismo objeto.

b) Estimo que esto es, precisamente, lo que debe haber inducido a Borda para proponer tal denominación, porque teniendo el mismo objeto a la víctima le es indistinto que lo satisfaga uno u otro de los deudores, en tanto cumplan. Lo indistinto, entonces, parece referirse a la prestación y la concurrencia al objeto. En rigor, se estaría hablando de dos aspectos distintos de la obligación. 

c) Pero además de “indistintas” o “concurrentes”, también se las denomina: “conexas”, “conjuntas” o “convergentes”, con o sin el aditamento: “in solidum”. Veamos sus significados. Según el diccionario Neofons [1] “indistinto” quiere decir: que no se distingue o diferencia de otra cosa; mientras que “concurrente” quiere decir: reunión de varias personas en un mismo lugar; “conexo”: lo que está enlazado o relacionado con algo; “conjunta”: contiguo; “convergentes”: concurrir a un mismo fin dos o más cosas. Por último, la expresión “in solidum” en latín significa “sólido” y ha sido empleada como “totalidad, cosa entera, no partida” refiriéndose al único objeto/prestación que presentan estas obligaciones.

d) Una explicación posible para tantas denominaciones es que señalan distintos aspectos de la obligación. Ya se vio antes a que parecen referirse lo indistinto y concurrente. Por su lado, conexo y conjunto parecen referirse a los deudores y convergente al objeto. Con lo cual todas las designaciones, en principio, se nos presentan como válidas. Sin embargo, si bien la doctrina mayoritaria opta por denominarlas “concurrentes” (Llambías, Alterini, Ameal, López Cabana, Cazeaux, Trigo Represas, Pizarro, Vallespinos, etc.) y la minoritaria como “indistinta” (Borda), la jurisprudencia en general las denomina como: “concurrentes o ‘in solidum’”. De ahí el título del presente. 

Como sea, más allá de algunas disidencias en cuanto a su denominación, la doctrina es conteste tanto en relación al régimen legal como a la aplicación concreta de estas obligaciones. 

En ese orden, no puede soslayarse el tratamiento jurisprudencial de la Corte Suprema; pues, en función de sus precedentes [2], ha considerado los caracteres y efectos de estás obligaciones en casos concretos sujetos a su decisión. Por ejemplo, en la causa “Fabro” de 2000 [3] reitera la caracterización de “obligación concurrente” que dio en la causa “Etcheverry” de 1985 [4] (allí dijo que éstas “se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas con relación a cada uno de los deudores”) e invoca el análisis de los efectos que realizo en la causa “Sala” de 1989 [5]. 

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[1] He empleado: “Neofons. Diccionario Enciclopédico”, Ed. Sopena, Barcelona, 1980.
[2] “La Corte debe, como regla fundamental de funcionamiento, seguir sus propios precedentes” (CS, marzo 31-1999: “Lucero, Roberto A.”, Fallos 322:608; voto del Dr. De las Carreras). 

[3] CS, noviembre 9-2000: “Fabro, Víctor y otra c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos 323:3564 (consid. 7°). 

[4] CS, agosto 7-1985: “Etcheverry, Oscar”, Fallos 307:1597 (consid. 11). 

[5] CS, diciembre 21-1989: “Provincia de Buenos Aires c/ Sala, Arturo”, Fallos 312:2481 (consid. 4° a 6°).

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Ref. OBLIGACIONES: IN SOLIDUM. CARACTERÍSTICAS. PRINCIPIO DE CONTRIBUCIÓN. OBLIGACIONES CONCURRENTES. DOCTRINA.

Estamos en presencia de una obligación in solidum la que fuera establecida por la sentencia de la Cámara Civil cuya copia obra en estos autos. Se trata de una obligación con un solo acreedor, pluralidad de deudores y de causas y un mismo objeto debido. Por tratarse de una obligación de este tipo del Señor Juez rechazó la pretensión de las actora de reclamar el 50% de la indemnización que ella pagara el fuero civil. Señala Borda ("Obligaciones", tomo I, pág. 425) que mientras en las obligaciones solidarias la deuda es soportada por partes iguales entre todos los codeudores, en las obligaciones in solidum no ocurre ello y, por lo general, es uno solo de los deudores el que en definitiva soporta el peso de la deuda. Es que, como hace notar Llambías, ("Tratado de Derecho Civil Obligaciones", tomo II-A, pág. 585) en las obligaciones concurrentes no juega el principio de contribución, y quien paga la deuda tendrá que soportar el peso de ella si fue el culpable de la constitución de la deuda. La mayoría de la doctrina nacional opina en el mismo sentido, esto es, que el principio de contribución no juega en las obligaciones concurrentes o in solidum. Hay una excepción posible, sin embargo: si quien paga no fue el causante material o directo del daño debería poder repetir del otro deudor el total desembolsado (cfr. José Pablo Descalzi, "Obligaciones concurrentes o in solidum", Doctrina Judicial, 2003-I, pag. 431). Esta postura encuentra su fundamento en el artículo 1123 del Código Civil, y la ha recogido la Corte Suprema al señalar que existen razones de justicia y equidad que obstan a que alguien soporte en definitiva un daño mayor al que efectivamente causó (JA 1995 -II- 199; cfr. Isabel Rua, Norma Silvestre y Sandra Wierzba, "Obligaciones concurrentes o indistintas",J A 1998-III sec. doctrina, págs. 560/561).

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, causa 9.579/02,  06/07/2006, "Ferrocarriles Argentinos en Liquidación y otro c/ GAzze, Miguel J. s/ Cobro de sumas de dinero", mag. Dr. Martín Diego Farrell - Dr. Francisco de las Carreras - Dra. María Susana Najurieta.

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En atención al índice de publicaciones "Top 6" del blog, siendo el post más visitado a nivel global, cabe adicionar esta breve reseña de jurisprudencia sobre obligaciones concurrentes en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina)

CS, 27/06/2002, "Borda, Guillermo Antonio c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", Fallos 325:1585.

La hipotética responsabilidad de cualquiera de los notarios intervinientes no excusaría total ni parcialmente la de la provincia ya que en caso de configurarse aquel supuesto mediarían obligaciones concurrentes -insolidum-, las que se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores. 

CS, 25/09/2001, "Ahumada, Lía Isabel c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", Fallos 324:2972

Las obligaciones concurrentes -también denomias "in solidum"se caracterizan por la existen-cia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores (Voto de la mayoría, al que no adhirieron los Dres. Julio S. Nazareno, y Antonio Boggiano). 

CS, 09/11/2000, "Fabro, Víctor y otra c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", Fallos 323:3564

Las obligaciones concurrentes, también denominadas "in solidum", se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas con relación a cada uno de los deudores. 

CS, 28/04/1998, "Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario", Fallos 321:1124

Las obligaciones concurrentes - también denominadas in solidum se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores (Disidencia parcial del Dr. Julio S. Nazareno). 

CS, 17/04/1997, "Savarro de Caldara, Elsa Inés y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos (Buenos Aires) s/ sumario", Fallos 320:536

Las responsabilidades concurrentes - obligaciones - in solidum no excusan total ni parcialmente la de un deudor, sin perjuicio de la acción que ulteriormente puede ejercer contra el otro responsable, citado como tercero, para obtener su contribución en la deuda solventada. 

CS, 17/11/1994, "Paloika, David Daniel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", Fallos 317:1615

Las obligaciones de la provincia y de la Aduana son concurrentes o in solidum, si la responsabilidad extracontractual de la primera proviene del cumplimiento irregular de una de sus dependencias, y la de la segunda de la observancia de las reglas que rigen su condición de depositaria legal de efectos secuestrados. 

Las obligaciones concurrentes o in solidum se caracterizan por la existencia de un sólo acreedor, un mismo objeto pero distintas causas con relación a cada uno de los deudores. 

Tratándose de obligaciones concurrentes o in solidum, si no hubiera motivo para discriminar en cuanto a la influencia causal de una u otra culpa, ni en cuanto a su gravedad, la distribución del daño debe hacerse entre los responsables por partes iguales, sin perjuicio del derecho del actor a ejecutar la condena, en un todo, respecto de cualquiera de los demandados. 

CS, 21/12/1989, "Buenos Aires, Provincia de c/ Arturo Julio Sala s/ cobro de australes", Fallos 312:2481

Las diferentes culpas de los obligados concurrentes bastan, indistintamente, para darle derecho al damnificado a la obtención del resarcimiento total del daño contra cualquiera de los responsables insolidum, pero después de ser desinteresado aquél, queda en pié una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto, en definitiva, por todos los deudores concurrentes, en la medida en que cada cual contribuyó a causar el daño. 

El desconocimiento de los precedentes de la Corte Suprema como cuestión federal

Uno de los requisitos "propios" del recurso extraordinario federal es que la “cuestión federal” [1] haya sido decidida por el tribunal local en forma contraria: 1º) al derecho federal o 2º) a la interpretación que, del mismo, realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema, afirmando su rol "institucional" [2], tiene dicho que "si el recurrente invocó precedentes de la Corte para sustentar su rechazo de la pretensión de la contraria, cabe considerar que la cuestión federal quedó así virtualmente planteada para el supuesto de un pronunciamiento adverso" [3]. 

También tiene dicho que “el pronunciamiento que desconoce una sentencia anterior de la Corte suscita cuestión federal bastante para la procedencia del recurso extraordinario”[4]; etc. 

Para comprender el alcance de la cuestión así planteada, cabe tener presente la explicación de Joaquín V. González: "Donde tiene la Constitución, las leyes y los tratados, en cuanto son ley suprema del país, su más sólido fundamento y prestigio, y su efectividad más directa, es en las sentencias de la Corte Suprema de la Nación; porque es el intérprete final e irrevocable de todas las reglas, doctrinas y poderes que ella contiene [5], así relativas a los particulares a quienes obliga o ampara, como a las autoridades y Estados que de ella derivan su mayor fuerza y majestad" [6]. 

Por ello, planteada la "cuestión federal" como se propone y sumada al cumplimiento de los requisitos "comunes" y "formales" del recurso, quedaría habilitada la instancia extraordinaria de la Corte Suprema, para que case la sentencia local que desconoce la vigencia práctica (aplicación) y uniforme (interpretación) del ordenamiento federal.

En estas circunstancias podría decirse que el tribunal local esta incumpliendo el deber de fundar la sentencia respetando la jerarquía de las normas y el principio de congruencia (doc. art. 34, inc. 5º del CPCC en función del art. 31 de la Constitución Nacional), con lo cual podría descalificarse el pronunciamiento por arbitrariedad. Así lo ha resuelto, por ejemplo, la Corte Suprema en la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Román S.A. Comercial" de 2002 [7]. 

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[1] "La cuestión federal es aquella que se presenta cuando se hace preciso asegurar la supremacía del ordenamiento jurídico federal en general, y de la Constitución Nacional en particular” (CS, agosto 12-1997: “San Telmo S. A. c/ Provincia de Mendoza", Impuestos, 1998-1-56). 

[2] "Dada la autoridad institucional de los fallos de la Corte en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional existe el consecuente deber de someterse a sus precedentes" (CS, octubre 6-1992: "Jáuregui, Hugo R. y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos", Fallos 315:2386). 

[3] CS, setiembre 1 1981: "Lerman, Miguel A. c/ Municipalidad de la Capital”, Fallos 303:1262.

[4] CS, marzo 16-1982: "Solano Tejeda, Francisco y otro", Fallos 304:335.

[5] Invocación que es regla. Ver: CS, abril 18-1977: "Pérez de Smith, Ana M.", Fallos 297:338.

[6] González, Joaquín V., Manual de la Constitución Nacional, Buenos Aires, 2001, Nº751.

[7] Fallos 324:1924. 

Ampliar del autor, en: "Esquema del recurso extraordinario federal", Doctrina Judicial, 2005-1, p. 770.

El rol de la justicia en la sociedad

Si la "justicia" es la respuesta institucional con que se garantiza la vigencia de una determinada estructura social, pregunto: ¿qué valor tiene esa "justicia" cuando, en los hechos, se tolera la violación del derecho, de la seguridad y del orden, los aspectos que dan sentido y justifican a la vida en sociedad?  

Quien piense respuestas integrales para esta pregunta puede decir que es conciente de lo que implica su “elección” como individuo situado en una sociedad... No bastan las respuestas formales, individuales y coyunturales...

Vayamos desde el principio. Se dice que el fin de conservación de la vida es lo que ha hecho nacer al patrimonio (sin patrimonio no hay porvenir asegurado); el fin de conservación de la vida y del patrimonio hacen nacer al derecho (sin derecho no están asegurados ni la vida ni el patrimonio); es decir, hacen nacer la garantía del Estado (seguridad, orden y justicia) para los respectivos fines o intereses del hombre  [1]. ((ver))((ver))

• Se podría hacer el siguiente razonamiento: el Estado existe para garantizar un orden de cosas favorables  al hombre; luego, si nada garantiza, no existen ni el Estado ni el orden; entonces todo queda librado a la ley de la selva, como era antes del acuerdo social de con-vivencia ((ver)).

Por ello considero paradigmática la sentencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en la causa “Iribarren” en el año 1999. Ahí dijo que: “cuando el sistema político adoptado y las garantías proclamadas en su estatuto (medios) no tienen en la práctica efectividad y realización ciertas (vigencia), lejos de hacer la felicidad del pueblo (fin), lo sumen en la desgracia y el oprobio (realidad)” [2]. ((ver))

Y con más razón creo que la diferencia entre lo que se "proclama" y lo que se "hace" debe pasar, todavía, por la criba de la conciencia de la gente; sólo así se podría empezar a pensar en un cambio de la situación argentina.

Pues, con todo, como afirma un filósofo: “Una situación de injusticia puede ser eterna si no se le añade la conciencia de su situación. La injusticia «se ve» desde un futuro en el que ella no existe” [3].

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Para cerrar estas breves reflexiones, cabe sopesar esta idea: por definición, dice Edward De Bono, un problema es una situación que exige una respuesta e, indirectamente, esta respuesta no es obvia; muchas veces, agrego, esa situación sólo es un problema porque se mira de cierta manera… por lo tanto: hay que cambiar la forma de mirar o hay que cambiar al que mira. 

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[1] Cfr. Ihering, Rudolf v., El fin en el derecho, Ed. Atalaya, Buenos Aires, 1946, p. 36-40.  

[2] CS, junio 2-1999: “Iribarren, Casiano R.”, Fallos 322:1253 (los términos: “medios”, “vigencia”, “realidad” y “fines” son agregados). 

[3] Cfr. Feimann, José P., La filosofía y los barros de la historia, Buenos Aires, 2ª ed., 2008, p. 83.

Contrato de caja de seguridad

Se acepta, en términos generales, que el contrato de caja de seguridad es un contrato con “tipicidad social” [1] y que para su calificación se proponen distintas alternativas. Sin embargo, de estas no surge que sea propiamente una locación o un simple depósito [2]. Tampoco su combinación. Aunque se apliquen estas normas por analogía para interpretar el contrato o para integrarlo [3].

La caja de seguridad como relación contractual presenta, a mi modo de ver, una particularidad que debe resaltarse, porque no es suficientemente sopesada: el banco ofrece “su propio” servicio [4] de seguridad [5] para proteger, en un ámbito de “su incumbencia” [6], bienes indeterminados del usuario o cliente, quien paga por emplear este servicio un precio en dinero. Si se acepta el objeto del contrato (el conjunto de obligaciones recíprocas) como se describe, se puede explicar tanto su utilidad económica, es decir, la tutela idónea y efectiva de bienes, como las consecuentes responsabilidades de las partes.

La justificación para interpretar el contrato de caja de seguridad, como se propone, es la que sigue: "...es racional que una entidad bancaria, que acepta celebrar con el (cliente) un vínculo para la custodia de bienes (...), conociendo de antemano los riesgos que asume, deba soportarlos. No se trata de una relación de buen samaritano sino de un contrato con vínculo que (al banco) le acarrea beneficios contra la asunción de riesgos" (doc. CS, 11/09/2007, "Saber, Ciro Adrián c/Río Negro, Provincia de y otros s/daños y perjuicios", Fallos 330:4071). 

En relación con el banco, por la particularidad de su débito contractual, este asume una obligación compleja: de “hacer” (prestar un servicio) y de “no hacer” (no abrir la caja, no retener o dañar su contenido), en pos de un “resultado” concreto (seguridad, protección, tutela) [7]. Es una obligación no aleatoria ni contingente. Su incumplimiento da lugar a una “responsabilidad objetiva” [8], con lo que va de suyo respecto del factor de atribución (garantía) y la carga (inversa) de la prueba.

Sin perjuicio de lo anterior, para evitar confusiones, debe quitarse la atención sobre una obligación accesoria del banco: “dar” un cofre al usuario-cliente. Ya que este no es el “contenido principal” o “sustancial” del contrato [9], sino el servicio de seguridad con que el banco rodea tal ámbito de “su incumbencia”.

Veámoslo de esta manera: da lo mismo que sea una caja de metal o no, de 10x15x60 cm u otro tamaño, ubicada en el hall central o en la bóveda; lo que se debe sopesar en relación con el servicio de caja de seguridad es si el banco satisface, en las condiciones de la “oferta”, el resultado concreto que implica esencialmente este contrato. Por ello, poco importa que la inseguridad de la caja de seguridad sea causada por un tercero (robo, hurto, daño) o por el propio banco o su dependiente (apertura arbitraria en el caso).

Lo concreto es que en este contrato que se analiza sucintamente el banco ofrece un servicio de seguridad, de manera profesional y en un ámbito de su incumbencia, y debe responder por los daños que genera al usuario-cliente con su incumplimiento; salvo caso fortuito o fuerza mayor.

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[1] Por todos, ver: LORENZETTI, Ricardo L., “Tratado de los contratos”, Buenos Aires, 2000, T. I, pp. 15-16-19. 

[2] BORDA, Guillermo A., “Tratado de derecho civil. Contratos”, Buenos Aires, 7ª ed., 1997, T. I, p. 406. 

[3] LORENZETTI, “Tratado”, cit., T. III, p. 698. 

[4] “El banco es una empresa de servicios”; cfr. VILLEGAS, Carlos G., “Operaciones bancarias”, Buenos Aires, 1997, T. I, p. 25. 

[5] Así lo regula, por ejemplo, el proyecto de reforma del Código Civil (dec. 685/95), art. 1300 y sig. (“...el servicio de caja de seguridad...”). 

[6] El contrato implica una suerte de fragmentación y traslado del costo de un servicio propio: la seguridad bancaria, al ofrecer a un tercero (usuario-cliente) la utilización de una cuota-parte de la estructura y organización del banco. 

[7] Ver: PIZARRO, Ramón D. – VALLESPINOS, Carlos G., “Instituciones de derecho privado. Obligaciones”, Buenos Aires, 1999, T. 2, § 521 y sig. AGOGLIA, María M. – BORAGINA, Juan C. – MEZA, Jorge A, “Responsabilidad por incumplimiento contractual”, Buenos Aires, 1993, § 8 y sig. 

[8] Sobre esto, en general, ver también: PIZARRO-VALLESPINOS, “Instituciones”, cit., p. 581; AGOGLIA-BORAGINA-MEZA, “Responsabilidad”, cit., p. 128. 

[9] ALTERINI, Atilio A. – AMEAL, Oscar J. – LÓPEZ CABANA, Roberto J., “Derecho de las obligaciones”, Buenos Aires, reimp. 1996, p. 428; LLAMBIAS, Jorge J. – RAFFO BENEGAS, Patricio - SASSOT, Rafael S., “Manual de derecho civil. Obligaciones”, Buenos Aires, 11ª ed., 1997, p. 227.

Ver en este blog el comentario al fallo de la Corte Suprema de fecha 31 de mayo de 2011, en la causa: “Slatapolsky, Jorge Alberto c/ Banco do Brasil S.A. s/ ordinario” ((ver)).

Neoconstitucionalismo

Desde mediados del siglo pasado se ha venido produciendo una progresiva "constitucionalización” de todo el derecho, y ello repercute, necesariamente, por conducto de la supremacía instituida por el art. 31 de la Constitución Nacional, en la forma de aplicar y entender todas las normas, y los códigos de fondo en particular.

Este movimiento, que ha sido denominado "neoconstitucionalismo”, se caracteriza a partir de una Constitución que "impregna”, esto es, que condiciona en forma sustancial, tanto la legislación como la jurisprudencia, la doctrina y el comportamiento público y privado.

Las líneas principales de este movimiento [1] pueden sintetizarse como sigue: 

• incorporación de derechos fundamentales a una Constitución rígida, suprema y vinculante; 
• garantía jurisdiccional de esa Constitución, mediante un fuerte control de constitucionalidad; 
• interpretación extensiva de esa Constitución, condicionante tanto del debate político y de la legislación derivada como de las relaciones entre particulares. 

Considerando este contexto, entonces, es que las instancias de grado, cualquiera sea el fuero, deben ajustar las soluciones de los conflictos en los que estén en juego derechos y garantías constitucionales a las directivas establecidas por la Corte Suprema para casos similares [2].

Por ello ha dicho la Corte en el caso “Gómez” de 1992 que “La interpretación jurisprudencial tiene un valor análogo al de la ley (…), es, no una nueva norma, sino la norma interpretada cumpliendo su función rectora en el caso concreto que la sentencia decide” [3]. Y a renglón seguido suma que “el apartamiento de claros precedentes de la Corte Suprema, sin justificación expresa, se opone al deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia” [4].

Esto es así, forzosamente, si la solución del caso concreto se impone por y desde la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional o normas de esa jerarquía. Una interpretación operativa extensiva en este sentido encuentra fundamento en las disposiciones de los arts. 18 y 31 de la Constitución Nacional y en el consecuente deber judicial de fundar toda sentencia, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigente, tal como surge del art. 34, inc. 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (razonamiento que debe alcanzar también a los Código provinciales homónimos) [5] ((ver)).

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[1] GUASTINI, Riccardo, “Estudios de teoría constitucional”, México, 2001, p. 154. En rigor, esta es una síntesis personal de las siete condiciones que, sobre el punto, analiza el citado autor.

[2] ZULETA PUCEIRO, Enrique, “Interpretación de la ley”, Buenos Aires, 2003, p. 73 y sig. 

[3] En la causa “Gómez” de 1992, Fallos 315:1863.

[4] Así en el caso de la Corte Suprema, “Caric Petrovic” de 2002, Fallos 325:1227.

[5] COLOMBO, Juan C. – KIPER, Claudio M., “Código procesal civil y comercial de la Nación. Anotado y comentado”, Buenos Aires, 2006, T. II, p. 170, § 17.

Constitución e interpretación

En el capítulo dedicado a las "fuentes” del derecho constitucional, Sagüés explica la "doctrina” como una "fuente real" de normas que contribuye a rellenar lagunas o a propiciar reformas en el modo de entenderlas [1].

A esta precisión cabe sumar dos conceptos y una verificación. 

Bidart Campos afirma, por un lado, que la constitución tiene "fuerza normativa", lo que implica que la misma –sucintamente– es exigible, obligatoria, aplicable y vinculante para todos, sin distinciones [2], y por otro lado que el derecho se integra con normas "más" su interpretación jurisdiccional [3].

Esto se verifica con el pensamiento de Joaquín V. González, quien explicando el rol del Corte Suprema de Justicia supo decir que "es el ‘intérprete final’ e irrevocable de todas las reglas, doctrinas y poderes que ella contiene, así relativas a los particulares a quienes obliga o ampara, como a las autoridades y estados que de ella derivan su mayor fuerza y majestad" [4]. 

Es desde este "rol de órgano supremo de la justicia argentina e intérprete final de los derechos y garantías constitucionales" [5] que la Corte Suprema, a través del control de constitucionalidad de las decisiones [6], establece pautas generales para la aplicación concreta de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia. 

La importancia de los fallos de la Corte Suprema, es decir, de la interpretación jurisprudencial de las normas constitucionales, que es lo que interesa al caso, funciona en un doble orden: no sólo pone fin a los conflictos de intereses concretos sino que, también, conllevan una "significación normativa genérica” susceptible de aplicación a casos futuros [7]. Es en este punto donde la "doctrina" del caso puede operar –y de hecho opera– como fuente del derecho constitucional [8]. 

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[1] SAGÜES, Néstor P., “Elementos de derecho constitucional”, Buenos Aires, 2003, T. 1, § 167. 

[2] BIDART CAMPOS, Germán, “Manual de la constitución reformada”, Buenos Aires, 1998, T. I, p. 276. 

[3] BIDART CAMPOS, Germán, “El derecho constitucional del poder”, Buenos Aires, 1967, T. II, p. 273. 

[4] GONZALEZ, Joaquín V., “Manual de la constitución argentina”, Buenos Aires, 2002, actualizada por H. Quiroga Lavie, p. 703. 

[5] Así desde el caso de 1864 en “Ministerio Fiscal c/ Calvete, Benjamín”, Fallos 1:340. Más modernamente, también, en “Moreno” de 1960 (Fallos 246:237); “Manzoratte” de 1971 (Fallos 280:228); “Pérez de Smith” de 1977 (Fallos 297:338); “Timerman” de 1979 (Fallos 301:771); “Stradda” de 1986 (Fallos 308:490); “Sejean” de 1986 (Fallos 308:2268); y más actual, el caso “Puig” de 2008 (Fallos 331:1178). 

[6] IMAZ, Esteban – REY, Ricardo, “El recurso extraordinario”, Buenos Aires, 1943, p. 15; ahí dicen: “la eficacia y uniformidad del control (agrego: “adecuación”) de constitucionalidad ejercido por los jueces requiere la existencia de un tribunal superior especialmente encargado de revisar sus resoluciones”. En el mismo sentido, en relación con la supremacía que establece el art. 31 de la Constitución Nacional, PALACIO, Lino E., “El recurso extraordinario federal”, Buenos Aires, 1997, p. 13. 

[7] La Corte ha dicho que “la interpretación jurisprudencial tiene un valor análogo al de la ley” (in re “Gómez” de 1992, Fallos 315:1863). 

[8] CUETO RÚA, Julio C., “Una visión realista del derecho”, Buenos Aires, 2000, p. 130.

Real malicia

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del día 19 de mayo de 2010, en la causa "Di Salvo, Miguel Ángel c/ Diario La Mañana s/ Daños y perjuicios” (D.281.XLIII).

Un diario publicó información inexacta sobre un político en vísperas de su participación en elecciones partidarias internas; el involucrado intima/denuncia el error de la publicación; el diario lo admite y corrige la información con posterioridad; el involucrado, señalando su calidad personal, demanda por daños al medio de prensa; en primera instancia se rechaza la demanda con fundamento en la real malicia; la alzada revoca el fallo y condena apartándose de dicho estándar; y la Corte nacional deja sin efecto esa sentencia aplicando la doctrina constitucional de la real malicia.

En primera instancia se rechaza la demanda, básicamente, por aplicación de la doctrina de la real malicia. La Alzada revoca esta resolución y condena al medio de prensa razonando desde la legislación civil. La Corte Suprema, aplicando la doctrina constitucional de la real malicia como estándar, deja sin efecto la sentencia de cámara y rechaza la demanda. 

La Corte admite el recurso extraordinario y revoca la sentencia apelada. El fallo se funda con votos concurrentes sobre la sustancia del reclamo, aunque difieren sobre los precedentes invocados y parte del resuelvo. 

Los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni y Argibay forman el voto por la mayoría; mientras que los Dres. Fayt, Petracchi votan por su fundamento y otro tanto hace Maqueda. El relato de la causa en los Consid. 1º a 4º del voto de la mayoría es común. La mayoría y el Dr. Maqueda hacen lugar al recurso, revocan el fallo y rechazan la demanda; Fayt y Petracchi remiten la causa al tribunal de origen para que se dicte nuevo fallo. 

El desglose de los fundamentos permite ver cuáles son los precedentes invocados, cómo se aplica la doctrina constitucional de la real malicia como un estándar y su funcionamiento como test de la decisión de grado. 

La lectura simplificada del fallo sería como sigue: una información con trascendencia institucional (interés público), exige para hacer responsable a la prensa (sin censura previa ni restricción que haga sus veces) un factor de atribución de responsabilidad agravado (dolo o dolo eventual), que deriva en una protección atenuada del funcionario involucrado en esa información (interés particular) en pro de garantizar la discusión y difusión de cuestiones que hacen a la democracia constitucional.

Ampliar en: Descalzi, José P., "La real malicia a "Di Salvo'. Aplicación de una doctrina constitucional", en la revista de "Responsabilidad Civil y Seguros" (ed. La Ley), 2010-XII, p. 119.

Ver también sobre la "Libertad de expresión en España" y la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ((ver)) y la "Libertad de expresión y de prensa" ((ver)). En general, sobre la "Responsabilidad de la prensa" ((ver)).

Libertades de expresión y de prensa

Nik en La Nación del 31-01-2011

Con la doctrina constitucional de la real malicia, cabe recordar, se respaldan dos libertades básicas vinculadas: la libertad de expresión y de prensa, ambas instrumentos de control de la democracia [1]. 

Esa relación puede sintetizarse así: pienso y expreso (lo que modernamente implica buscar, recibir y difundir ideas u opiniones) por cualquier medio audiovisual [2]. Estos términos, por la ley 26.032, también se aplican para internet [3]. 

La posición de la Corte Suprema [4] sobre esto puede sintetizarse así: 

– "la libertad de expresión contiene la de dar y recibir información” [5]; 

– "la libertad de prensa tutela el derecho de publicar con impunidad, veracidad, buenos motivos y fines justificables, aunque la publicación afecte al gobierno, la magistratura o a los individuos” [6]; 

Ambas libertades, sin embargo, no son absolutas y deben ejercerse en el quicio de su reconocimiento y sin menoscabar los demás derechos reconocidos [7]. Ver de este blog, "Responsabilidad de la prensa".

Por ello la Corte también ha dicho que: 

– "el aludido derecho a la libre expresión e información no es un derecho absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio” [8]. 

Y en relación con los funcionarios públicos involucrados en informaciones propaladas por la prensa, la Corte tiene dicho que: 

– "cuando las opiniones versan sobre materia de interés público o sobre la gestión de quienes desempeñan funciones públicas, la tensión entre los distintos derechos en juego debe resolverse en el sentido de asignar un mayor sacrificio a quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública, pues las personalidades públicas tiene un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y se han expuesto a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias” [9]. 

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[1] ZANNONI – BÍSCARO, “Responsabilidad de la prensa”, Buenos Aires, 1999, p. 67 y sig.

[2] Así en “Costa” de 1987, Fallos 310:508. 

[3] DESCALZI, José P., “Ley 26.032: Internet y libertad de expresión”, DJ, 2005-2-965; nota al fallo “Guerineau” de 2004 (Fallos 327:943). 

[4] Sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de prensa, remito al trabajo de: FAYT, Carlos S., “La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo”, Buenos Aires, 2001. 

[5] CS, 11/12/1984: “Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida SA”, Fallos 306:1892 (Consid. 4°). 

[6] CS, 30/12/1963: “Pérez, Eduardo y Botnik, Rubén”, Fallos 257:308 (Consid. 8°). En la causa “Moreno y Timerman” de 1967 (Fallos 269:200) dijo la Corte que “ningún funcionario, ni siquiera los jueces, gozan del privilegio de estar exentos de la crítica” (Consid. 4º). 

[7] La cuestión tiene su antecedente. Ya, por ejemplo, la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1791, luego de establecer que “todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente”, establecía: “a reserva de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley” (art. 11). 

[8] CS, 12/03/1987: “Costa, Héctor R. c/ Municipalidad de la Capital y otros”, Fallos 310:508 (Consid. 5°). 

[9] CS, 24/06/2008, “Patitó, José Ángel y otro”, Fallos 331:1530; voto del Dr. Juan Carlos Maqueda). Esta también es la previsión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa” de 2004, núm. 125: “Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia”.

Ver también sobre la "Libertad de expresión en España" ((ver)) y la "Real malicia" ((ver)).

Acción declarativa y cuestión federal mixta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de septiembre de 2009, dictó sentencia en la causa “Edenor S.A. s/ Apelación Falta Municipal (Recurso Extraordinario)” (S.C. E.345, L.XLII). 

Su objeto no esta relacionado directamente con el presente comentario. Sin embargo, algunas de las consideraciones que formula el Procurador General y la remisión de los jueces a la doctrina de “Di Mascio” de 1988 (Fallos 311:2478), han dado pié para estas reflexiones comparativas en otras dos cuestiones interesantes: la acción declarativa de inconstitucionalidad y la cuestión constitucional mixta.

a) La acción declarativa de inconstitucionalidad 

La posición actual de la Corte Suprema sobre la primera cuestión es bien distinta de su tradicional negativa [1]. Acepta que el ejercicio de acciones directas de inconstitucionalidad ―ya sea bajo la forma de amparo, acción de mera certeza o el juicio sumarísimo en materia constitucional― es un medio idóneo para prevenir o impedir lesiones a los derechos constitucionales [2]. 

b) La cuestión constitucional mixta 

En cuanto a la segunda cuestión, la Corte ha expresado que toda controversia en la que se persiga en sede local “una declaración de inconstitucionalidad de acuerdo con la Constitución de la Provincia y leyes de rito aplicables, autoriza también la competencia judicial para el examen de las cuestiones con base en la necesaria preeminencia de las normas federales” y que “la declaración de derechos de la Constitución Nacional vincula estrictamente a los Estados locales” [3]. 

Un planteo de este tenor ―dice la Corte― requiere una “decisión expresa por parte del superior tribunal local” [4] para activar la vía del recurso extraordinario federal [5]. ¿Cabría analizar si el hecho de no hacerse cargo del planteo federal, resolviendo por la tangente, no implica una clara denegación de justicia, acompañada del posible incumplimiento de los deberes de funcionario público? 

En suma, para la Corte Suprema la acción directa de inconstitucionalidad es un medio idóneo para prevenir lesiones a los derechos constitucionales y las limitaciones recursivas locales no pueden constituirse en un obstáculo que impida a los superiores tribunales locales su conocimiento y decisión.

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[1] Conf. BIANCHI, Alberto B., “Control de constitucionalidad”, Buenos Aires, 1992, p. 193. 

[2] Corte Suprema en las causa “Raviglia” de 1994 (Fallos 317:1224) y “AGUERA” de 1997 (La Ley, 1997-C, 332). 

[3] En las causas “Coriolano” de 1977 (Fallos 298:679), “Strada” de 1986 (Fallos 308:490), “Lamonega” de 1988 (Fallos 311:200), entre otras. 

[4] Es la afirmación de la doctrina de los casos “Di Mascio” de 1988 (Fallos 311:2478) y “Strada” de 1986 (Fallos 308:490); reiterada en la causa “Edenor S.A.” del 9 de septiembre de 2008. 

[5] Descalzi, José P., “Esquema del recurso extraordinario federal”, DJ, 2005-1-770; en particular punto II, c), Nº2.